10 de Mayo de 2007

EL PAIS

El buque gasero entra en Reganosa tras la intervención de las fuerzas policiales

El Comité de Emerxencia denunciará a las autoridades por permitir el acceso del metanero

La maniobra repetida cuatro veces por los mariscadores para bloquear la entrada del primer buque en la planta de gas de Ferrol fracasó en el quinto intento. Las fuerzas del orden madrugaron ayer para anticiparse a los trabajadores de la cofradía y cumplir las órdenes de la Delegación del Gobierno en Galicia para garantizar la llegada del gasero a la planta. El metanero ya ha iniciado la descarga de 135.000 metros cúbicos de gas licuado y no abandonará la ría antes del sábado, según la compañía. El conselleiro de Industria acude hoy a la presentación de la instalación.

Antes de que amaneciera, una decena de unidades antidisturbios de la Policía Nacional, un helicóptero, tres patrulleras y cinco zodiacs de la Guardia Civil del Mar tomaron el puerto de Ferrol y todos los embarcaderos de la ría para impedir que los mariscadores llegaran a sus barcas antes de la primera marea llena. "Había un policía a cada metro", aseguraba uno de los mariscadores más contrariados, que a gritos exigía acciones más contundentes contra la planta de gas, mientras la responsable de IU en Galicia, Yolanda Díaz, calificaba el fuerte dispositivo policial como "una operación Perejil contra el pueblo de Ferrol".

La tensión desencadenó un conato de carga policial sin graves consecuencias. Con todo, algunos intentaron llegar a nado a las chalanas pero los guardias civiles los hicieron volver a tierra. Entre las ocho y las diez de la mañana, 200 personas permanecieron en el muelle sin moverse mientras el Galicia Spirit iniciaba las maniobras para entrar en el canal.

Pasadas las diez, el metanero llegaba a la terminal con la ayuda de cuatro remolcadores. "Hemos sido testigos de cómo se ha consumado un hecho grave que desde este momento está amenazando a la población", declaró Carmelo Teixeiro, portavoz del Comité de Emerxencia. Este colectivo, que agrupa a cerca de 60 asociaciones de la comarca, interpondrá una demanda contra las autoridades que consintieron la entrada del barco y una querella por la amenaza que supone la presencia del gasero en la ría "sin un plan de emergencias". El comité exigió el cese del delegado del Gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras.

Reganosa anunció que en 4 o 5 días, la planta estará en condiciones de "gasificar" el gas natural licuado para introducirlo en el gasoducto As Pontes-Guitiriz, que entronca en Lugo con la red nacional de distribución. Carlos Laero, portavoz del colectivo de emergencias de Ferrolterra, asegura que la planta tiene el potencial destructivo de "50 bombas atómicas" y sostiene que "es la mayor amenaza contra la vida que existe ahora mismo en toda Europa". "Algún día se sabrá la verdad de toda esta trama política y empresarial", declaró.

DIARIO DE FERROL

Directivos de Navantia y Mainfer, imputados por las muertes en la F-311
El juez instructor de la causa por el fallecimiento de cuatro trabajadores el 11 de mayo de 2005 en el astillero de Ferrol, acaba de dictar un auto determinando que los hechos pudieran ser constitutivos de cuatro delitos de homicidio imprudente y uno contra la seguridad laboral.

CARMELA LóPEZ > FERROL

La imputación del magistrado Miguel Aramburu se dirige contra el director de Navantia, Ángel Recamán, y José Carlos Fernández, jefe del servicio de prevención y riesgos de la empresa, por considerar que, de lo investigado en autos, se evidencia la falta de seguimiento de las medidas de seguridad. En este sentido, pone de manifiesto que la víspera del trágico suceso por la tarde un trabajador entró en el tanque en el que ocurrieron las muertes porque se le había caído una herramienta, "indicio de que la seguridad era nula".

En el auto también se relaciona como imputados a Jorge Filgueira Ameneiros y Andrés Castilla Pascual, de Navantia, como las personas que el día anterior realizaron una visita a la zona del suceso.

El magistrado Aramburu hace extensiva la imputación a Antonio Casal Fernández, Jorge Díaz Iraola y Ángel Corona Pizarro, encargado, coordinador de riesgos y administrador, respectivamente, de la empresa Mainfer, que era la que se encargaba de la limpieza del buque. Se considera que el primero fue quien ordenó a Ana Belén Paz, una de las fallecidas, que realizase las tareas de limpieza de los tanques, mientras que los otros dos eran los responsables de verificar que se cumplían las medidas de seguridad que tenían que seguirse en espacios confinados, que "no fueron seguidas".

Las dos personas que completan la lista de imputados son Manuel Hermida Franco, que fue el que el día anterior realizó trabajos de soldadura empleando un gas inerte y al acabar no comprobó el cierre de la llave nodriza, y Jesús Leira López, encargado de la empresa Nervión, por no comprobar dicho cierre.

Según el auto judicial, estas dos últimas personas podrían ser responsables únicamente de delitos de homicidio imprudente, mientras que en el caso de los responsables de Navantia y Mainfer se les puede imputar también otro contra la seguridad e higiene en el trabajo.

La legislación penal establece penas de prisión de uno a cuatro años por el delito de homicidio imprudente, por lo que en este caso, las condenas podrían ser de 4 a 16 años. Al tratarse de una supuesta imprudencia profesional, podría llevar aparejada la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años por cada delito.

En el caso de infracciones contra la seguridad laboral, las penas son de seis meses a tres años.