X, autónomo, acude a una tienda de informática que anuncia estar adscrita al KIT DIGITAL. Su interés es solicitar esta ayuda para adquirir un ordenador nuevo que reemplace al viejo y destartalado equipo que agoniza en su despacho. En la tienda, le informan de los trámites administrativos necesarios para inscribirse en la convocatoria de ayudas organizada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Junto con esta información, X recibe un limitado catálogo de ordenadores, cuyas características se escapan a su comprensión porque es un pazguato integral.
Finalmente, X resulta beneficiario de la ayuda y se encuentra con una sorpresa: la subvención de 3.000 € se divide en 1.000 € para la compra de un ordenador y 2.000 € para contratar software. Por si fuera poco, primero es obligatorio adquirir el software, aunque no se necesite, para poder acceder a la ayuda destinada al ordenador. Para más inri, todos los ordenadores ofertados tienen un precio unitario de 1.000 € más IVA, aunque sean modelos que se pueden encontrar en Carrefour por 800 € IVA incluido (es decir, que realmente cuestan alrededor de 660 €, y no 1.000 €). Es decir, sería en este caso para comprar un único equipo.
La situación empieza a dar risa.
X contacta con una empresa de software, a través de la tienda de informática, y adquiere un programa que debe renovar anualmente por unos 100 € más IVA, aunque la factura inicial incluye conceptos adicionales. Por ejemplo, la instalación, que tiene un coste de 200 €, a pesar de que el programa está en la Nube y se accede directamente desde un navegador, sin necesidad de instalación. Además, se incluyen tres horas de formación a más de 100 € por hora, aunque probablemente bastaría con una sesión de media hora.
Y, como mencioné antes, hay que pagar el IVA por ese ordenador y ese software al 21 %. Solo por el ordenador, X tendrá que desembolsar 210 € en concepto de IVA, mientras que en Carrefour el IVA del mismo producto sería aproximadamente de 140 €. Además, en su momento, tendrá que declarar la ayuda como ingreso de la actividad económica, cuando en realidad no se trata de tal cosa. Si el Gobierno realmente quisiera ayudar a PYMES y autónomos, reduciría los impuestos o los liberaría total o parcialmente durante el trimestre de solicitud de ayuda. Así, los beneficiarios podrían adquirir directamente los equipos y software que le vengan en gana, sin tener que depender de estas limitadas y, en cierta medida, absurdas subvenciones. Sin tener que pedir limosna.
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