| Piden la sexta fragata y abrir Navantia Fene a la construcción naval privada | |
| En el sector de la construcción naval, Núñez Feijóo anunció que el PP pedirá al Gobierno Central que antes de que finalice la legislatura concrete la construcción de la sexta fragata de la serie "Álvaro de Bazán" (F-100) -anunciada por el Ministro de Defensa en Marín en febrero de este año- y que habilite los 800.000 metros cuadrados de terrenos ociosos en el astillero de Fene para la construcción de buques civiles por parte de la iniciativa privada. En opinión del líder del PP gallego esta superficie "se ten que adicar á fabricación de barcos, que é o que sabe facer Ferrol", por lo que pidió que "se deixe o estaleiro libre e sexa posible unha concesión administrativa que permita o seu uso por empresas galegas como Barreras". Asimismo, Feijóo indicó que la formación conservadora reclamará en el Parlamento que se ejecuten de forma íntegra en las factorías de la ría ferrolana los dos buques de proyección estratégica encargados por la armada de Australia. En este sentido, recordó que, pese a las promesas, las ocho patrulleras para Venezuela se construyen en los astilleros del sur. | |
El presidente del PPdeG criticó los retrasos en la construcción del Centro Tecnolóxico do Naval y de la Axencia Galega de Desenvolvemento, "básicas para dinamizar a economía da comarca".
LA VOZ - FERROLLa F-103 «Blas de Lezo» abandona el dique de Navantia
- Autor:
- La Voz
- Fecha de publicación:
- 16/10/2007
Sin embargo, el accidente sufrido por la Blas de Lezo en aguas de Escocia, donde tocó fondo en un banco, obligó a retrasar la revisión de su gemela, ya que la nave, aunque pudo volver por sus propios medios a Ferrol, debió ser sometida a una reparación rápida.
La Armada no pudo ayer precisar si la F-103 ha sido reparada por completo o si, como parece más probable, ha recibido una reparación de urgencia con objeto de dar paso a la F-102. En ese caso, es también probable que la nave deberá volver en los próximos meses al dique seco. La Armada tampoco pudo concretar aún el coste que han tenido y que, en caso de que sea necesario ampliarlas, tendrán los trabajos de reparación. En un principio se especuló con cifras que rondaban los siete millones de euros.
Sin embargo, la Armada ha desmentido ese dato y se ha remitido a una serie de informes que, insistieron sus responsables, se están elaborando acerca de las reparaciones y de las circunstancias que rodearon al accidente de la F-103.
Por el momento, la única novedad fue la destitución del comandante del buque en el momento de los hechos, Federico Supervielle, que se encuentra en servicio activo pendiente de asignación de destino en Ferrol. Su sustitución inclina las búsqueda de causas del accidente hacia el error humano antes que a un fallo técnico, pero la Armada ha evitado por el momento dar explicaciones acerca de cómo se produjo la colisión.
LA VERDAD DE CARTAGENA
El sexto imputado es un socio de la empresa que emitía facturas falsas
16.10.07 -
LA VERDAD
Cinco ex directivos de la fábrica de Motores de Navantia se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones de un presunto delito de falsedad en documento mercantil para el desvío de cantidades de dinero del astillero público a través de una empresas subcontratada, Zafrucsa. Un socio de esta última empresa es el sexto imputado. La fecha del juicio aún está por señalar.
El juez instructor del caso, el titular del juzgado número dos y decano de Cartagena, Jacinto Aresté, dictó un auto de procesamiento en el que imputa a los ex altos cargos de Navantia un presunto delito de falsedad documental. Dicho escrito de acusación ya ha sido comunicado a los seis acusados, al Ministerio Fiscal y a la propia empresa, que ejerce la acusación particular. Fuentes judiciales aseguraron que el documento judicial no hace referencia ni a las posibles condenas ni las cantidades supuestamente defraudadas al astillero público. Desde la propia Navantia informaron hace dos años de que el montante podría rondar los dos millones de euros.
Entre los acusados formalmente por el juez están quien fue director de la división de Motores de Navantia, José del Pino. Cuando se descubrió el agujero económico en la empresa, Del Pino también presidía el Consejo de Participación Social de la Universidad Politécnica y su nombre sonaba con fuerza como posible consejero del Gobierno regional tras su entonces reciente prejubilación. También están acusados el ex director de Motores Cartagena, Luis Rodríguez Bustelo, destituido fulminantemente cuando estalló el escándalo; el ex jefe de Planificación de Motores, Luis Armada Vadillo, el ex gestor de Producción, Diego Sánchez Sánchez; y el ex jefe de Postventa, Emilio Sánchez Álvarez. El sexto imputado es J. M. Z., socio de Zafrucsa.
Las fuentes consultadas por La Verdad explicaron que con este auto, el juez confirma la existencia de indicios de un presunto delito por la existencia de facturas emitidas por Zafrucsa y pagadas por la fábrica de Motores a cuenta de trabajos que supuestamente no se hicieron.
El agujero económico fue descubierto en febrero de 2005. Desde aquella época, el juez ha tomado declaración a todos los implicados. Casi todos ellos han reconocidos la existencia de una caja B en la factoría de Motores en la que se habrían guardado cientos de miles de euros. Pero algunos de ellos coinciden en que ese dinero se utilizaba para pagar comisiones a intermediarios y poder optar a contratos internacionales para el astillero y nunca para provecho particular.
Cinco ex directivos de la fábrica de Motores de Navantia se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones de un presunto delito de falsedad en documento mercantil para el desvío de cantidades de dinero del astillero público a través de una empresas subcontratada, Zafrucsa. Un socio de esta última empresa es el sexto imputado. La fecha del juicio aún está por señalar.
El juez instructor del caso, el titular del juzgado número dos y decano de Cartagena, Jacinto Aresté, dictó un auto de procesamiento en el que imputa a los ex altos cargos de Navantia un presunto delito de falsedad documental. Dicho escrito de acusación ya ha sido comunicado a los seis acusados, al Ministerio Fiscal y a la propia empresa, que ejerce la acusación particular. Fuentes judiciales aseguraron que el documento judicial no hace referencia ni a las posibles condenas ni las cantidades supuestamente defraudadas al astillero público. Desde la propia Navantia informaron hace dos años de que el montante podría rondar los dos millones de euros.
Entre los acusados formalmente por el juez están quien fue director de la división de Motores de Navantia, José del Pino. Cuando se descubrió el agujero económico en la empresa, Del Pino también presidía el Consejo de Participación Social de la Universidad Politécnica y su nombre sonaba con fuerza como posible consejero del Gobierno regional tras su entonces reciente prejubilación. También están acusados el ex director de Motores Cartagena, Luis Rodríguez Bustelo, destituido fulminantemente cuando estalló el escándalo; el ex jefe de Planificación de Motores, Luis Armada Vadillo, el ex gestor de Producción, Diego Sánchez Sánchez; y el ex jefe de Postventa, Emilio Sánchez Álvarez. El sexto imputado es J. M. Z., socio de Zafrucsa.
Las fuentes consultadas por La Verdad explicaron que con este auto, el juez confirma la existencia de indicios de un presunto delito por la existencia de facturas emitidas por Zafrucsa y pagadas por la fábrica de Motores a cuenta de trabajos que supuestamente no se hicieron.
El agujero económico fue descubierto en febrero de 2005. Desde aquella época, el juez ha tomado declaración a todos los implicados. Casi todos ellos han reconocidos la existencia de una caja B en la factoría de Motores en la que se habrían guardado cientos de miles de euros. Pero algunos de ellos coinciden en que ese dinero se utilizaba para pagar comisiones a intermediarios y poder optar a contratos internacionales para el astillero y nunca para provecho particular.
LA VERDAD DE CARTAGENA
El Servicio Murciano de Salud firmará la próxima semana un convenio para agilizar los trámites de la compraventa
Las conversaciones entre la Comunidad Autónoma y el Ministerio se iniciaron el pasado 18 de septiembre, cuando tuvo lugar el primer encuentro entre la subsecretaria de Defensa, María Victoria San José, y la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios. En esa reunión se acordó la firma de un convenio regulador de condiciones del traspaso, en lugar de un protocolo previo de intenciones tal y como ha ocurrido con otros hospitales. Ni Defensa ni la Comunidad quieren demorar más la compraventa.
«Lo importante es agilizar los trámites administrativos y despejar el futuro de los trabajadores. Con esta firma se va a acortar el tiempo y será bueno para todos. La reunión con el Ministerio será inminente y podría hacerse la semana que viene. Ahí será cuando podremos anunciar los plazos que se seguirán hasta conseguir las instalaciones del Hospital Naval. Lo que sí está claro es que Sanidad asumirá en su totalidad al personal civil, laboral y funcionario que presta sus servicios en el Naval, siempre que ellos estén dispuestos», indicaron fuentes de Sanidad.
Cesión temporal
A falta de la firma, ya se han hecho públicos algunos detalles del futuro convenio. En primer lugar, se ha aceptado el planteamiento de la cesión de uso total y temporal de las instalaciones del Hospital Naval en función de las necesidades de planificación sanitaria del Área de Salud de Cartagena, a pesar de la futura construcción de nuevas infraestructuras sanitarias en el municipio. Los servicios sanitarios del Servicio Murciano de Salud actualmente ubicados en el Naval se trasladarán al futuro Hospital de Cartagena.
En cuanto a la Clínica Militar dependiente del Ministerio de Defensa destinada a funciones de logística-operativa, pericial y preventiva, constituida por un núcleo sanitario y militar, permanecerá en el Naval. Aun así, cabe la posibilidad de que los beneficiarios de la Sanidad militar pasen a ser atendidos en consultorios y hospitales del SMS.
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