El nuevo alojamiento del Arsenal recibió a sus primeros residentes
Casi un mes después de su inauguración oficial ayer abrió sus puertas el nuevo alojamiento logístico para marinería ubicado en el edificio del antiguo Cuartel de Instrucción. Los primeros residentes inspeccionaron ayer las dependencias y comenzaron la mudanza al que es ya su nuevo hogar.
R.P.P. > FERROL
Catorce militares tomaban posesión ayer al mediodía de su nuevo alojamiento. Pronto lo harán muchos más. Los buques y dependencias de la Armada en Ferrol han recibido ya la comunicación de la apertura del proceso de asignación de plazas y comenzará a llenarse la nueva residencia.
En total, tendrá capacidad para albergar a 278 personas, en habitaciones individuales y dobles a las que podrán acceder, de forma gratuita, los militares a los que se conceda plaza. A ellas puede optar toda la marinería con destino en unidades y dependencias de la base naval de Ferrol. Sin embargo, y dado que el objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de los marineros y evitar que duerman a bordo, el personal de las dotaciones de la 31ª Escuadrilla de Escoltas -agrupación que coordina a las fragatas F-100, con base en Ferrol- tendrán preferencia a la hora de disponer de este alojamiento.
En él los usuarios tienen desde salas de ocio y reuniones hasta lavandería, biblioteca, peluquería o sala de ordenadores.
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, inauguraba este alojamiento el pasado 29 de octubre. En él su departamento invirtió 11,5 millones de euros en las obras de rehabilitación que se prolongaron más de un lustro.
LA VERDADCartagena es desde ayer la sede de la reunión anual del grupo de trabajo de la OTAN responsable del desarrollo del Sistema Naval de Cooperación y Orientación al Tráfico Mercante, en la que participan 27 representantes de varios países. La reunión se celebrará hasta el próximo jueves. Las jornadas están organizadas por la Fuerza de Acción Marítima y en ellas se debatirá sobre seguridad marítima.
Una cita anual que se celebra por primera vez en España y que tiene como objetivo la puesta en marcha de técnicas de cooperación con el tráfico mercante, para incrementar la seguridad y evitar interferencias entre los buques mercantes y las fuerzas navales en una zona de operaciones determinada, donde la seguridad y la navegación se han visto amenazada.
El gran anfitrión, y representante español, es el almirante jefe de la Fuerza de Acción Marítima, Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río, quien junto a otros 27 representantes de diversos países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Polonia, Holanda, Italia, Francia y Alemania.
EL MUNDO
El juez pide un acuerdo entre España y Odyssey para revelar detalles del tesoro
MIAMI.- Un juez federal ha exhortado a España y a la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations a que lleguen a un acuerdo de confidencialidad que le permita a Odyssey revelar a las autoridades españolas los detalles del naufragio y del tesoro, mientras mantiene la información secreta al público. La compañía no ha revelado el lugar donde halló el barco hundido del que extrajo el tesoro, valorado en 500 millones de dólares (más de 300 millones de euros).
España ha interpuesto varias demandas ante los tribunales de Florida, alegando que tiene derecho al tesoro si es que el mismo o la nave hundida pertenecieran a España, o bien si el tesoro hubiese sido extraído de aguas territoriales españolas.
Al mismo tiempo, el juez rechazó el acuerdo de confidencialidad que propuso Odyssey a España para facilitar información detallada sobre el tesoro hallado en mayo, informó James Goold, el abogado que representa al Gobierno español.
Goold explicó que el juez encargado del caso "no aprobó la petición de confidencialidad" que Odyssey exigía al Gobierno español antes de acceder a la información suministrada al tribunal de Tampa, en la que se especifica el lugar exacto del tesoro, entre otros detalles.
Indicó que el magistrado, una vez revisada la propuesta de la compañía de exploración marina estadounidense, señaló que "no era aceptable" ese acuerdo de confidencialidad y agregó que el juez tampoco aceptó mociones que "piden acciones contra el Gobierno de España". En consecuencia, el juez Mark A. Pizzo propuso que ambas partes trabajen conjuntamente con objeto de llegar a un acuerdo de confidencialidad aceptable.
El presidente de Odyssey, Greg Stemm, manifestó en una breve declaración remitida que en la audiencia su empresa expresó claramente su disposición "a compartir información sobre los tres sitios (de exploración) una vez que se haya establecido el acuerdo de confidencialidad".
"Estamos satisfechos por la preocupación mostrada por el magistrado Pizzo acerca la protección y seguridad de los sitios" donde se hizo las búsquedas de los tesoros, afirmó Stemm. Al mismo tiempo, Stemm manifestó su satisfacción de que el juez haya pedido a España y a Odyssey "que trabajen conjuntamente para redactar un acuerdo de confidencialidad que sea aceptable para ambas partes".
La siguiente audiencia pública, previa a un juicio, ha sido fijada para el 10 de enero en el Tribunal Federal de Tampa (Florida, EEUU).
La empresa Odyssey, con sede en Tampa, solicitó en agosto pasado ciertas compensaciones al Gobierno español por las perdidas que dice sufrió como consecuencia de "las obstrucciones en sus operaciones". Llegó a ser registrado en octubre por la Guardia Civil.
España reclama el tesoro de oro y plata
En los tribunales de Florida se libra una sórdida batalla legal entorno al pecio extraído por Odyssey en la operación denominada 'Cisne negro' y que España reclama con firmeza.
El pasado 18 de mayo la empresa Odyssey anunció el hallazgo de un tesoro valorado en más de 500 millones de dólares que, según el Ministerio español de Cultura, es un "cargamento extraído de un pecio de bandera española".
Odyssey ha reiterado en numerosas ocasiones que se trata de un tesoro compuesto de monedas de plata y oro y otros objetos de valor que fue extraído "fuera de las aguas jurisdiccionales de España" y que ellos han cumplido con todos los requerimientos legales.
En una entrevistaen la sede de Odyssey en Tampa (Florida), Stemm, de 50 años, se mostró seguro y convencido de que las leyes internacionales están de su parte en el conflicto legal con España. Entonces expresó su convencimiento de que el acuerdo de confidencialidad por parte de España, para evitar que se conozca el lugar exacto del yacimiento, era de vital importancia.
Stemm sostuvo que "sería irresponsable difundir datos que permitieran la localización del sitio arqueológico. No hay manera de protegerlo en aguas internacionales y cualquiera con unos mínimos recursos pudiera tener la tentación de tratar de rescatar más objetos de valor".
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