El buque oceánico «Río Miño», un viejo palangrero reconvertido en patrullero, exhibe ya en los Astilleros del grupo Armón de Burela (Lugo) las letras de molde de la Guardia Civil y la bandera de España. Ha empezado las pruebas de navegación y a finales de este mes, según fuentes de Interior, estará listo para convertirse en la «estrella» de la flotilla que lucha contra la inmigración irregular.
Es es el más grande (51 metros de eslora) y lo han rehabilitado y lustrado, tal y como anunció el Gobierno en el mes de mayo coincidiendo con el inicio de la «temporada» de pateras y cayucos, al menos la cara exterior. El viejo motor se ha conservado. Su misión, 20 días de navegación al mes en aguas internacionales, empezará rodeada de polémica.
Pese a que su flamante casco lleve grabado el nombre de la Guardia Civil y el antiguo pesquero pertenezca a Interior, al mando tendrá a un marino mercante contratado para la ocasión por la empresa adjudicataria y el 75 por ciento de su tripulación -entre 15 y 17 marinos- también será civil. Un teniente del Servicio Marítimo del Instituto Armado y otros cuatro agentes completarán una más que abultada dotación, según las fuentes consultadas. «Las funciones propias del Cuerpo se encomiendan a civiles, nuestro mando será un mando «light»».
La decisión ha causado un profundo malestar en sectores de la Guardia Civil. La Jefatura del Servicio Marítimo del Cuerpo y la Dirección General de la Marina Mercante -dependiente de Fomento- han intentado desde el año pasado deslindar una espinosa cuestión jurídica: hasta dónde puede actuar el Instituto Armado y qué tipo de habilitación necesitan los agentes.
Los informes de la Marina Mercante sostienen que, con las titulaciones actuales, sólo en aguas españolas, pero desde mayo del año pasado España tiene desplegadas patrulleras del Cuerpo en Mauritania y en Senegal, tras firmar varios acuerdos y «protocolos de actuación» con ambos países. Unos y otros han sido recientemente renovados después de una gira de varios ministros a los países emisores de «sin papeles». Las tripulaciones al completo de estas patrulleras (a día de hoy una en Nuadibú y otras dos en Dakar) están formadas por guardias civiles. De acuerdo con ese criterio, las misiones en estos países bordearían la legalidad.
Regulación legal
El Real Decreto (1991) que regula las funciones del Servicio Marítimo señala que las mismas se ejercerán «en las aguas marítimas españolas, hasta el límite exterior del mar territorial y excepcionalmente fuera del mismo de acuerdo con los tratados internacionales vigentes». No obstante, las dudas surgieron después de que el Gobierno decidiera destinar dos nuevos buques «con altas capacidades de actuación en el rescate en alta mar» (los buques negreros interceptados meses antes tuvieron mucho que ver en la decisión).
Uno de ellos, el «Britannia», navega en aguas mauritanas. El barco pertenece a Fomento y cuenta con tripulación de Remolcanosa, además de cuatro guardias civiles para intervenciones y rescates. Interior tiene intención de adquirirlo, pero la compra no está cerrada.
El caso del patrullero «Río Miño» es distinto. Se trata de un pesquero japonés de 1984, comprado por Interior a una empresa. Se ha remozado, pero la operación ha sido más bien «estética», según fuentes de la Guardia Civil. Se han aprovechado los dos generadores y el motor, de 1.000 cv, frente a los dos motores de 1.500 cv que tienen las patrulleras de altura de la Benemérita. Las dimensiones del buque oceánico y el tipo de misión son las razones esgrimidas por la Dirección General de la Guardia Civil para que se haya decidido colocar al frente a marinos mercantes. «Mientras no se forme a personal propio, la tripulación tiene que ser contratada fuera; es necesaria una habilitación que hoy no existe».
Soluciones apresuradas
La idea es capacitar a integrantes del Servicio Marítimo para que se formen con la Dirección General de la Marina Mercante y la Armada, tal y como establece en una orden ministerial de 1992 que habilita al personal del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para el manejo de sus embarcaciones. En caso contrario, habría que optar por contrataciones vía escala facultativa. En cambio, si fueran agentes del Servicio Marítimo los que navegasen fuera de nuestras aguas jurisdiccionales sin la titulación exigida, éstos podrían ser multados.
Las prisas del Ejecutivo por tener los buques listos cuanto antes han «obligado» a recurrir a marinos mercantes, al frente de una operación de la Guardia Civil, con un barco que lleva su rótulo y es posible que con parte de la uniformidad del Cuerpo adaptada.
Desde el Servicio Marítimo, se insiste en que sus miembros están «perfectamente capacitados» y la misión no difiere, en esencia, de la que llevan a cabo las patrulleras. El blindaje llevado a cabo por estos medios, unidos a la escasa pero proclamadísima ayuda europea, ha evitado la llegada de unos 7.000 africanos. El freno de los países de origen, con donaciones y compensaciones españolas, ha resultado más eficaz, tal y como se ha advertido en los últimos meses en los que la llegada de cayucos a Canarias ha caído en picado.
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