Parecerá el colmo, pero los cazatesoros que supuestamente han expoliado un tesoro de 500.000 monedas de plata y oro de un barco español exigen ahora ante el juez de Tampa que España les pague además cinco millones de dólares en concepto de compensación por el daño efectuado al no dejar trabajar sus barcos, apresarlos y registrarlos por orden judicial. Ésa es la petición firmada por Greg Stemm, el cofundador de Odyssey Marine Exploration (OME) en el interrogatorio exigido por el juez de Tampa, a la que ha tenido acceso ABC.
En sus respuestas, Stemm afirma que las autoridades españolas les han arrojado falsas alegaciones sobre la excavación del tesoro de un barco cuya identidad ellos esconden bajo el alias de Black Swan.
Otra de las novedades aportadas en el interrogatorio es la confesión de que han dejado materiales -no identifican si se trata de objetos de interés arqueológico- en el puerto de Gibraltar y que los gastos de su custodia son «incalculados» aunque afirman que se están deteriorando por culpa de las autoridades españolas (no consta que estos datos hayan sido puestos en conocimiento de España por las autoridades gibraltareñas en la última reunión del acuerdo tripartito, el pasado día 6 de noviembre).
Lo curioso es que, mientras OME vela la descripción y los cálculos sobre el material que guardan en Gibraltar, sí ha desglosado meticulosamente los demás costes que achacan al enfrentamiento. Acusan a España de dañar sus barcos durante el registro por un monto de 164.000 dólares. La imposibilidad de trabajar con sus barcos se valora en 4,5 millones, a pesar que sólo tenían que abandonar Gibraltar y permitir el registro para volver al trabajo.
Pretenden que España pague el transporte de equipos, probablemente los que tenían registrada su actividad en nuestras aguas, que ya no estaban en los buques cuando la Guardia Civil los apresó, por un total de 52.000 dólares. 170.000 dólares en concepto de cancelaciones de compromisos contractuales y 65.000 dólares por los viajes y la minuta de sus abogados españoles y americanos, que también pretenden cargar a España.
Por último, quieren cobrar 121.000 dólares por la pérdida de uso de servicios en los archivos. A este respecto cabe destacar que Stemm acusa a España en el interrogatorio de haber intimidado a los chivatos que localizan para ellos datos de hundimientos concretos que luego sus barcos investigan, aunque los rebauticen misteriosamente como Black Swan.
En su estrategia de mostrar una visión caricaturizada de la justicia española, Stemm vuelve a quejarse ante el juez de Tampa de las diligencias abiertas por su colega de La Línea de la Concepción. No le gusta el secreto de sumario -que convierte en «orden secreta»- y vuelve a acusar al Juzgado de no dejarles personarse -cuando no se han formulado acusaciones-. Por si fuera poco, retorna a agitar las aguas que circundan Gibraltar -de soberanía española- y se jacta de que la Guardia Civil apresó sus barcos en aguas internacionales. Con esa concepción de los límites territoriales no sería extraño que el tesoro hubiera salido también de aguas españolas.
De igual modo el copresidente de OME afirmar que la Guardia Civil no respetó un supuesto acuerdo de sus abogados con un juez relativo a que nadie registraría sus buques sin el acuerdo de su capitán.
Odyssey tiene las pruebas
Para analizar las bases jurídicas aportadas en el interrogatorio, ABC ha solicitado su análisis al asesor jurídico de Nerea Arqueológía Submarina, José María Lancho, quien asegura que la base de la acción de OME consiste en que la identidad del barco no es posible de determinar.
Desde abril de 2007 están en posesión de Odyssey los restos de uno o más yacimientos arqueológicos submarinos, «extraídos en secreto y ocultando deliberadamente datos que podrían perjudicarles en su pretensión de hacerse con su propiedad y comercializarlos. No hay garantías ni inventarios respecto de la inalteración e integridad de los restos en manos de los cazatesoros», afirma Lancho.
Lo más sorprendente del caso es que Odyssey pretende -contra principios universalmente aceptados sobre derecho relativo a la distribución de la carga de la prueba como son los de normalidad probatoria y de disponibilidad o facilidad para probar que tiene cada parte- «que sin embargo toda la carga de probar corresponda a España», añade el abogado.
Odyssey ha borrado «intencionalmente algunos conceptos que reclamaba en su ampliación de demanda de 7 de agosto de este año. Ha desaparecido la petición de daños por el trato inhumano, injusto e ilegal» sufrido por la tripulación del Ocean Alert a manos de la policía española, tampoco están los daños por la pérdida de reputación e imagen de la empresa cazatesoros. Asimismo, uno de los conceptos de daños que omite, es el de las posibles costas en los Juzgados españoles. Con esto reconoce que el Juzgado de La Línea no había imputado todavía a nadie cuando detuvo a sus buques por lo que es falso que la empresa fuera una acusada a la que no se la permitiera defensa alguna, simplemente Odyssey ni nadie concreto estaban imputados por el Juzgado.
2 comentarios:
Ese tipejo del Odyssey es todo un elemento. Pero que ideas mas peregrinas, por Dios! El gorila venezolano ni ... idea del funcionamiento de la monarquia española y ese del sistema judicial. Pero que imagen mas pobre tienen de nosotros.
Cuanto flipado anda suelto...
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