Este letrado keniano es el principal defensor de los bucaneros del Índico entregados por la UE tras ser detenidos en alta mar. Considera que la situación de los piratas conlleva «ciertos interrogantes jurídicos, tanto de fondo como de forma»
Considerado el principal abogado defensor de piratas somalíes, Francis Kadima recibe a ABC en su despacho para analizar las cuestiones legales que rodean a los trece bucaneros capturados por el buque de la Armada Española «Marqués de la Ensenada».
Finalmente los piratas serán entregados a las autoridades kenianas mañana, después de un embrollo jurídico protagonizado por España durante una semana y que ha involucrado al Ministerio de Defensa, al de Asuntos Exteriores, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y al propio juez Fernando Andreu.
Un caso en el que, en principio, Francis Kadima podría tener que actuar como defensa al ser el «único que se dedica a velar por los derechos» de estos bucaneros del siglo XXI en aguas del Índico.
-¿Cuál es su valoración del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Gobierno de Kenia, en virtud del cual el Ejército español entregará a Nairobi a los trece presuntos piratas capturados la pasada semana frente a las costas de Somalia?
-Ni la opinión pública en general, ni yo como abogado en particular hemos visto o tenido acceso a las directrices de ese acuerdo, por lo que es imposible realizar un análisis fiable. El texto, como pacto entre dos Gobiernos u organizaciones, debía haberse debatido ya en el Parlamento de Kenia para su posterior aprobación, circunstancia que no ha ocurrido. El desconocimiento, tanto de los acuerdos realizados el pasado mes de diciembre entre el Reino Unido y Kenia, como en los actuales de la Unión Europea, es absoluto.
-Ante este desconocimiento, ¿es Kenia el país más indicado para juzgar a los piratas somalíes?
-Los acuerdos de extradición entre mi país y el Gobierno de Somalia son, en la actualidad, inexistentes. Se está supeditando entonces este «nuevo pacto» a los propios acuerdos firmados por ambos países. Al ser juzgados en Kenia, los piratas somalíes se encuentran en una situación de indefensión al no poder ser apoyados por sus familias ni por su propio Estado. Por ello, la mayoría de ellos se ven obligados a comparecer ante la Corte sin asistencia legal, sin conocer el idioma y sin ni siquiera saber las causas que hay abiertas contra ellos. Quizá la comunidad internacional tiene las pruebas fehacientes para condenar a cada uno de estos piratas, pero lo cierto es que no se están dando las garantías para que accedan a su juicio en igualdad de condiciones. De igual modo, un caso puede tardar años en cerrarse, por lo que todos ellos deberán aguardar la sentencia en un país que les resulta extraño.
-¿Quién paga sus honorarios para la defensa de sus clientes? ¿Serán los propios piratas somalíes?
-Cada vez que un nuevo caso llega a mis manos informo a los clientes de mis tarifas. Si están de acuerdo y deciden contratar mis servicios, proseguimos adelante con el caso. Lo único que les facilito son las comunicaciones con su país de origen para poder así contratar a un abogado defensor, un derecho inalienable. Pero nunca pregunto de dónde viene ese dinero. Si ellos me dicen que «de la familia», confío en ellos. Aunque no es algo que me importe demasiado. En la actualidad, tengo dos procesos abiertos que datan de febrero y todavía no he recibido dinero por mis servicios. Mi situación es la misma que la de un doctor dedicado a la medicina general, la gente contrata mis servicios para que les ayude, y antes de conocer su enfermedad no voy a perder la confianza hablando de dinero. La piratería es un nuevo fenómeno dentro del Derecho Internacional que todavía está por reglar, por eso resulta extraño que alguien se dedique a su defensa.
-¿Se violan los derechos humanos en la cárcel de Shimo La Tewa, lugar donde son trasladados los piratas?
-Es cierto que muchos de ellos son apartados del resto de los reclusos al desconocer el idioma, pero nuestro sistema penitenciario está en proceso de reformas. No puedo decir más.
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