EL PAÍS
El ‘Príncipe
de Asturias’ y dos fragatas quedarían en “actividad restringida”
Los expertos
creen que la paralización es el primer paso para el desguace
Mantener
operativo el portaaeronaves cuesta unos 30 millones al año
Tras haber cerrado
hospitales, eliminado
la gratuidad de las recetas para los pensionistas, aumentado
las tasas universitarias o elevado
el número de alumnos por aula, la lucha contra el déficit
amenaza ahora con dejar en dique seco algunos de los buques más emblemáticos de
la Marina de guerra española.
El Cuartel General de la Armada está
estudiando paralizar el portaaviones
Príncipe de Asturias y dos de las seis
fragatas de la clase Santa María (F-80) dentro de un drástico plan para
ahorrar gastos de mantenimiento.
Técnicamente, se trata de dejar estos buques
en “actividad restringida”, a la espera de que en el futuro sea posible
recuperar su operatividad plena. Los expertos consideran, sin embargo, que se
trata de un primer paso para su baja definitiva. Y ello por tres razones:
porque no hay perspectivas de que la situación presupuestaria mejore a medio
plazo, porque los barcos se deterioran con gran rapidez si no se utilizan y
porque, debido a su antigüedad, su puesta a punto requeriría cuantiosas
inversiones cuya rentabilidad resulta más que dudosa.
La decisión sobre el futuro del Príncipe
de Asturias se tomará “al máximo nivel político”, según fuentes de la
Armada, debido a su alto nivel simbólico. No es para menos: se trata del único
portaaviones con el que cuenta España y, como tal, constituye un elemento
disuasorio de primer orden. Su mera presencia en la proximidad de un escenario
de conflicto, aunque sea en actitud pacífica y en aguas internacionales,
constituye uno de los mensajes políticos más contundentes que pueden enviarse.
El Príncipe de Asturias (R-11) entró
en servicio en 1988, por lo que en 2018 cumplirá tres décadas, que es el ciclo
de vida habitual de un buque de guerra. A mitad del mismo, en 2003, estaba
previsto someterlo a unas profundas obras de remozamiento y modernización; sin
embargo, estas nunca se realizaron debido a su elevado coste, unos 400 millones
de euros, por lo que el portaaviones arrastra cada vez más achaques y gran
parte de sus equipos están obsoletos.
Aunque no se haya declarado oficialmente, su
actividad está ya muy limitada y no participa en grandes maniobras
multinacionales. Solo en ejercicios cerca de su base de Rota, como los que hizo
en abril pasado en el golfo de Cádiz para que los pilotos de los aviones
Harrier pudieran obtener su calificación.
Precisamente, el hecho de que en los próximos
meses vaya a incorporarse definitivamente a la Armada el buque de
proyección estratégica LHD Juan Carlos I, ahora en periodo de
pruebas, hará menos imprescindible el Príncipe de Asturias. El LHD no
es un portaaviones, pero dispone de una pista en cubierta para aeronaves, lo
que permitirá a los pilotos realizar las pruebas necesarias para mantener su
aptitud para el combate.
En todo caso, España no sería el primer país
que se queda sin portaaviones. Un país de fuerte tradición bélica como Reino
Unido no tiene ninguno desde que, a finales de 2010, se anunció el desguace
del Ark Royal, lo que ha obligado a pilotos británicos a
entrenarse en el Príncipe de Asturias. También es cierto que la Royal Navy está construyendo dos
portaaviones y ni los más optimistas creen que la Armada española encargue uno
a medio plazo.
La razón estriba en su cuantioso coste. Solo
mantener el Príncipe de Asturias cuesta unos 30 millones al año, y el
presupuesto total de la Armada es de 903 millones, un 10% inferior al de 2011.
El capítulo 2, que incluye el mantenimiento de buques, se ha reducido un 25% en
los últimos cuatro años.
Ello ha llevado a la Armada a dar de baja
este año el
buque de desembarco Pizarro (que se compró de segunda mano a EE UU
en 1995), la
antigua corbeta Diana (lo que ha obligado a España a renunciar al
mando rotatorio de la flota de cazaminas de la OTAN) y el
patrullero de altura Chilreu (cuya actividad ha dejado de
financiar la Secretaría General del
Mar, del Ministerio de Agricultura). Además, según un portavoz de la Marina
de Guerra, “se está realizando un estudio para evaluar los gastos de
mantenimiento de cada uno de los buques. En función de sus resultados, se dará
de baja o se pasará a actividad reducida alguno más”.
LA VOZ DE GALICIA
Los ajustes fuerzan a los armadores a asumir el 25 %
que pagaba el Estado
espe abuín
redacción /
la voz 08 de mayo de 2012 05:00
Lo decía el jueves el comandante del buque de aprovisionamiento
en combate Patiño, Enrique Cubeiro, a su llegada a Ferrol: el riesgo de
piratería en el Índico sigue siendo todavía muy elevado. Y lo dice una persona
que ha visto cómo desde un esquife de escasos metros de eslora la emprendían a
tiros contra un buque de guerra creyendo que era un mercante.
Y si no está seguro un buque de la Armada, menos pueden estarlo
los atuneros que faenan en aguas del Índico, sea frente a Somalia, rumbo a la
India, o en el canal de Mozambique, donde cayó hace dieciséis meses el
palangrero gallego Vega 5.
«Es cierto que en España ya no se habla tanto del problema, pero
sigue igual o peor que antes. Lo que ocurre es que ahora los barcos españoles
llevan seguridad privada y no han sufrido secuestros. Pero los delincuentes
somalíes todavía tienen retenidos a más de un centenar de tripulantes», dice
Moisés Rey, de Europea de Túnidos, la armadora del Albacora IV, el único
atunero de la flota española con base en Galicia.
Así que los agentes de seguridad se han convertido en un insumo
más, tan necesarios como los mismos aparejos. Pensar en prescindir del servicio
ahora que el Ministerio de Agricultura ha anunciado que va a dejar de aportar
el 25 % del coste de la protección es «impensable». Más todavía: «Sería un acto
de irresponsabilidad por nuestra parte», añade Rey.
Militares
Los armadores deben costear ese servicio sí o sí. Sobre todo
desde que Defensa atajó de raíz cualquier intento de enzarzarse en un debate
sobre la posibilidad de embarcar infantes de marina en los atuneros. El
Gobierno cree que es suficiente con los 140,8 millones que ha presupuestado
para la operación Atalanta, que debe ser el único capítulo que crece en las
cuentas de Defensa. Y que la austeridad y los recortes en marcha no permiten
seguir costeando el 25 % de la seguridad con el dinero del Estado.
Al menos, el otro 25 % que sufragaban con ayudas públicas de las
arcas autonómicas sigue en pie. Pero los armadores tendrán que asumir el 75 %
del coste global de un servicio que, según fuentes del sector, sobrepasa los
400.000 euros al año. Y eso, con ejercicios de ahorro, prescindiendo de un
agente cuando es posible. Lo habitual es que cada atunero embarque cuatro, pero
en época monzónica, cuando los esquifes piratas apenas pueden actuar, la
plantilla se reduce a tres personas.
ARMADA ESPAÑOLA
La misión del buque de la Armada será la vigilancia e
inspección de la flota pesquera y su flota auxiliar que faenen en los caladeros
del Mediterráneo Occidental
lunes, 07 de
mayo de 2012
Como parte
del Plan General de Vigilancia de Pesca del año 2012, el patrullero de altura
‘Tarifa’ ha partido esta tarde del Arsenal Militar de Cartagena para participar
en el Plan de Despliegue Conjunto Internacional en aguas del mar Balear para la
campaña del Atún Rojo.
La misión
del buque de la Armada, que se desarrollará del 15 de mayo al 15 de junio, será
la vigilancia e inspección de la flota pesquera y su flota auxiliar de cebo
vivo, cañas, líneas, palangre y cerco de atún, así como de las actividades de
las jaulas remolcadas y de las granjas de engorde. De esta forma, el patrullero
colaborará en la protección de esta especie, controlando que se cumple toda la
normativa referente a vedas, artes y zonas autorizadas para dicha pesca.
Antes de
comenzar la campaña, el ‘Tarifa’ colaborará en el adiestramiento de nuevos
inspectores en aguas próximas a Alicante. Estos ejercicios incluirán el
adiestramiento aeronaval de un helicóptero de la Secretaría General del Mar
(SEGEMAR).
Para la
realización de los cometidos asignados se contará con la presencia a bordo de
un inspector de la Secretaría General del Mar, otro procedente de un país de la
Unión Europea, y de un coordinador de la Agencia de Control de Pesca de la
Unión Europea. Este último organismo, que tiene su sede en Vigo, se encarga de
coordinar las actividades de vigilancia y control de esta pesquería, y de
proporcionar la adecuada información a barcos como el ‘Tarifa’ para el
desempeño de sus funciones.
El
patrullero también contará con la presencia de dos guardias marinas en
prácticas, que ampliarán su adiestramiento participando en una campaña de
vigilancia de pesca internacional.
2 comentarios:
Nada, que nos quedamos sin porta. En fin, era de esperar. Ahora se le exigirá al BPE más de lo que puede dar. Esto significa que a la hora de una operación real en otra parte del mundo, o lo llevamos cargado con la IM, o con la FLOAN.
Un saludo.
A este paso, nos quedamos solo con el "Hundir la Flota"...
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