EUROPA PRESS > SANTIAGO
España cobrará 32,7 millones de euros cuando el Fidac, órgano internacional de indemnización de daños por contaminación de crudo, termine de evaluar sus 844 reclamaciones derivadas del siniestro del “Prestige” algo que desde el Ministerio de Medio Ambiente afirman que está “muy avanzado”.
Además, no descartaron que esta cuantía pueda ampliarse al término de la evaluación de las reclamaciones, aunque destacaron que “la parte más importante” ya fue cobrada, unos 113,5 millones de euros. Además, subrayaron que España logró un “éxito muy importante”, puesto que consiguió obtener el 85% del fondo, frente a otros países también afectados por el siniestro del petrolero, como Francia y Portugal, y erigirse en “principal afectada”. Precisamente, este 85 por ciento de un fondo de 171 millones de euros con el que cuenta el Fidac para la indemnización por accidentes como el del “Prestige” es la cuantía que podría ampliarse al término de la evaluación de las reclamaciones, puesto que podría quedar demostrado que los daños de España son superiores a lo inicialmente estimado. De todos modos, la consecución de más fondos está vinculada a la rebaja en las indemnizaciones a los países galo y luso. Otro de los éxitos que supuso para la comunidad internacional el siniestro del “Prestige” es el reconocimiento de que la cantidad estipulada por el Fidac es “insuficiente” para algunos casos de contaminación. De hecho, era la “primera vez que el coste era tan abultado” y “la diferencia entre los daños y la indemnización, tan abismal”; por lo que se creó un nuevo tratado -del que España ya no puede ser beneficiaria- que eleva la cuantía hasta los 1.000 millones. “Se aprendió una lección”, celebraron. Las 844 reclamaciones presentadas en la oficina de A Coruña suponen un total de 1.018,8 millones de euros por costes de operaciones de limpieza en mar y tierra, extracción de los hidrocarburos del pecio, pagos de indemnización, desgravación fiscal a empresas afectadas, costes de administración y relativos a campañas publicitarias y derivados del tratamiento de los residuos, entre otras. Desde noviembre de 2002, fecha de la catástrofe, España recibió 113,5 millones de euros, mientras que otros 22,7 se encuentran depositados en el Juzgado de la localidad coruñesa de Corcubión que instruye la causa del delito medioambiental más grave incoado en España. Además, el Fidac se reserva un remanente del 10 por ciento para su distribución entre las víctimas y, de esta cuantía, es de donde España podría obtener el incremento que afectaría al 85 por ciento inicialmente reconocido.
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